El empedrado es un signo característico de Barracas, un signo característico del olvido del Estado en un barrio al que ahora han recordado por conveniencias económicas del gobierno PRO, que lejos de descubrir el oro, vio el evidente sitio estratégico en el que está ubicado.
La historia detrás de la actual pesadilla
Pegado a Avellaneda, Parque Patricios, San Telmo, La Boca, y Pompeya, este submundo residencial en el medio de la ciudad de la furia ofrece la tranquilidad de un barrio alejado de todo, pero estando a tan solo 15 minutos del centro porteño.
Los vecinos todavía sacan las sillas afuera, los parques y plazas son muchos y siempre están llenos, y los baches del empedrado se negocian con la alegría de salir a saludar a los vecinos por todas las calles en las fiestas y carnavales. Pero el barrio no se hizo famoso por todo eso, ni porque lo confundan con Barrancas de Belgrano, ni por los outlets de primeras marcas que fueron instalándose en 2010, ni por los históricos edificios de Canale, Bagley, y Cruz de Malta, devenidos a mega oficinas. Y aunque todo esto tiene que ver con la línea política de explotar este punto estratégico, tampoco se hizo famoso por ser el Centro Metropolitano de Diseño, descripto en el institucional de la propia página del gobierno de la ciudad como “un espacio referente del diseño y la innovación que promueve y potencia el encuentro entre la comunidad de profesionales de diseño, las empresas e instituciones y el sistema de generación de valor”. (Cuestión que no dice mucho, pero es suficiente para llenar el barrio de cartelitos que anuncian “Estas en el CMD”).
El barrio explotó su verdadera fama en cuanto a intenciones gubernamentales y económicas con algo mucho más lamentable: la represión del Hospital Psiquiátrico Borda en 2013 en donde médicos y pacientes salieron heridos por resistir el desalojo que las fuerzas armadas de Guillermo Montenegro intentaron perpetrar. El objetivo de ese terrible episodio era el levantamiento del Centro Cívico que quería instalar la ciudad, con Mauricio Macri como gobernador. Pero el proyecto inmobiliario que el PRO intenta desarrollar hace varios años no involucra únicamente al hospital, sino también a “La Colonia”, con el actual Jefe de Gobierno Horacio R. Larreta, que sigue el lineamiento político de su predecesor.
La historia del barrio obrero
“La Colonia”, como le dicen en el barrio, no es ni una villa, ni un edificio tomado, ni un lugar “peligroso”, como muchos estigmatizaron a lo largo de la historia. La colonia es un barrio obrero levantado en Barracas por la empresa inglesa “Ferrocarriles del Sud” en 1889, para los trabajadores de la estación “Sola” del ferrocarril Roca. En aquel entonces, los empleados y sus familias vivían en estas casas, donde se hacían cargo de los servicios, y debían devolver una vez jubilados.
En 1948, cuando Juan Domingo Perón nacionalizó los ferrocarriles, esta línea pasó a llamarse como hoy se la conoce: Ferrocarril General Roca.
Al privatizarse los trenes en la década del 90 con Carlos Menem en el poder ejecutivo, se crea en ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes) para que se encargara de la negociación de estos terrenos que habían quedado en el medio de una historia y un vacío legal para las familias que vivían hace 30 años en estos barrios obreros. Sería para todos los terrenos lindantes a los ferrocarriles, con prioridad para los vecinos que ya estaban instalados allí. Fue cuando entonces los vecinos en un esfuerzo mancomunado, se organizaron bajo la Asociación Mutual Colonia Sola mediante la cual compraron el predio al Ente Nacional de Bienes Ferroviarios (ENABIEF), el 21 de abril de 1999, por la suma de $600.000.-, de los cuales entregaban la mitad en cuotas.
La firma del boleto de compraventa por el presidente Menem y los vecinos en el Congreso Nacional fue transmitido en vivo para todo el país, con un discurso del funcionario que ponía como ejemplo el accionar de estos obreros que se habían enmarcado en una mutual para hacer efectiva la compra con gran determinación. Pero que se dejó de hacer público cuando no servía para propaganda política cuando comenzaron a incumplir las promesas gubernamentales.
El 3 de agosto del 2000, 71 familias que convivían con peligro de derrumbe se vieron esperanzadas con la aprobación de ley porteña 459, que establecía un programa para rehabilitar el conjunto habitacional. El mismo consistía en que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), compraría el lugar y brindaría los métodos económicos necesarios como préstamos y subsidios para que cada vecino terminara de pagar los terrenos, y realizara los baños adentro de las casas para poder escriturar individualmente.
Ese mismo año también se declara al barrio cerrado Patrimonio Histórico mediante la ley 693 que también obliga al Estado al mantenimiento del lugar.
En 2002, La Defensoría del Pueblo reclamó la compra y el subsidio del edificio, y recién tres años más tarde, se efectuó la compra de los terrenos al ONABE por parte del IVC. Pero no se subsidiaron los arreglos, que cada vez eran, y son, más costosos gracias a su permanente e histórico abandono. Sin los baños realizados en cada casa, y la falta de los escribanos prometidos para la subdivisión, fue imposible escriturar.
Gracias a un reclamo de inspección de la guardia de auxilio por parte de la Defensoría del Pueblo, en 2005 apuntalaron las antiguas galerías para evitar derrumbes. Si faltaba algo para comprobar la desidia política, en 2008 la caída de una de las claraboyas que iluminaba una escalera logro la reparación de todas las demás. Con esto, los habitantes del lugar denunciaron que al recargar más el techo, las filtraciones de agua se agravaron.
El proyecto
La obra propiamente dicha que se proyecta para el lugar es el viaducto para que el Ferrocarril Belgrano Sur llegue a Constitución. Otra de las obras es un nuevo Centro de Trasbordo entre la Avenida Sáenz, Perito Moreno y las vías del tren Belgrano. También están estudiando una nueva traza del Metrobus. Se estiman que estas obras demorarían en realizarse, luego de la expropiación, 6 años, pero que la primera etapa del proyecto culminaría en 2018. La legislatura porteña, en vez de cumplir con sus obligaciones para velar por la seguridad de sus ciudadanos haciéndole las mejoras edilicias al complejo, aprobó en 2015 su expropiación.
¿Cómo sigue la historia hoy?
Lo curioso es, que paralelo a este abandono gubernamental de un lugar considerado Patrimonio Histórico, el presupuesto de la ciudad para la reparación de la Colonia Sola, crece cada año más, siendo el de este año de $26.000.000. Partida de dinero que según la respuesta de Tomada Conte y asesores de Cambiemos a los miembros de la comisión directiva de la mutual que fueron a averiguar, no piensan ejecutar. Partida que nadie sabe a que bolsillo ira a parar.
En lugar de ese dinero invertido, los vecinos solo siguen viendo negligencia y andamios.
En noviembre del año pasado, un grupo de negociadores liderados por Paula Herrero, funcionaria de tercer rango del IVC, les ofrecen a estos 137 desafortunados vecinos de Barracas, entre los cuales figuran 5 familias aun ferroviarias, préstamos para pagar una casa, otra vez, perdiendo el dinero que ya habían invertido. En abril de este año, los mismos funcionarios piden hacer una revisión estructural de la Colonia, con el argumento que como Estado deben salvaguardar a los ciudadanos, cuidando su vida, tratando de tapar una clara estrategia política para poder apropiarse del lugar para su megaproyecto. Cuando para velar por la vida de los mismos, deberían cumplir con lo acordado, y sobraría.
El único camino posible del cual se habla si no aceptan esta ilegal extorsión por parte de un estado que quiere usufructuar un lugar histórico como este, es el desalojo pretendido por el IVC que no usa las partidas de dinero para la refacción con la excusa de una supuesta normativa que se los impide al ser declarado Patrimonio Histórico, cuando las leyes disponen exactamente lo contrario y cuando además se estarían contradiciendo ya que habían comenzado a colocar membrana en los techos. La Defensoría del Pueblo ha realizado todos los reclamos pertinentes, sin tener éxito.
Los habitantes de la Colonia, abandonados y estigmatizados, se han cansado de escuchar falsas promesas de los diferentes gobiernos. Pasaron de reclamar mejoras edilicias prometidas, a suplicar que los dejen habitar las mismas casas que ya compraron. Lo único que queda es la denuncia social para accionar la conciencia colectiva, y así poder defender a estas familias ignoradas social y políticamente cuando haga falta salir a la calle.
La Colonia es mucho más que un lugar estratégico para explotar económicamente por un gobierno abusador de la clase obrera, es el lugar donde estas familias se formaron, es un edificio exquisito para los turistas que vienen en busca de historia arquitectónica y cultural en la Ciudad de Buenos Aires, es un lugar característico del barrio Barracas y un honor para sus vecinos.
La legalidad los respalda, pero irónicamente el gobierno, no.
